El aislamiento obligatorio y la violencia doméstica |Opinión de Juan Bautista Mahiques |

Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, centrado principalmente en relevar la violencia contra la mujer infligida por su pareja, casi un tercio han sido víctimas de maltrato doméstico ya sea físico, sexual o psíquico. Dicha modalidad de violencia representa también uno de los mayores flagelos cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.

Algunos especialistas advierten que ciertas características propias de la institución familiar (privacidad, intimidad y confinamiento) constituyen el caldo de cultivo que facilita el ejercicio de violencias.

Lamentablemente, a raíz de la pandemia gobal de coronavirus (COVID-19), la consecuente y necesaria medida dispuesta por el Presidente de la Nación de aislamiento social y obligatorio para frenar la propagación, torna altamente probable que se incrementen los índices de violencia de género en el ámbito doméstico. La tensión e incertidumbre que suscita el virus, así como el confinamiento preventivo en los hogares, son elementos que pueden agravar situaciones de violencia.

Sabemos cuán difícil resulta para las víctimas reconocer y denunciar la violencia. Esta dificultad se agudiza en el actual contexto, en el que muchas de ellas sufren el agobio de la convivencia permanente con el agresor. Por eso, desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPF CABA) hemos puesto a disposición de la ciudadanía diferentes vías para acceder al sistema de justicia sin necesidad de salir del domicilio.

La crisis sanitaria desatada por el COVID-19 me obligó a dispensar a los agentes del MPF CABA de la obligación de concurrir a sus lugares de trabajo. No obstante, decidí mantener la prestación de los servicios de las Fiscalías Especializadas en Violencia de Género. Ellas se encargan de procesar las denuncias y adoptar las medidas urgentes necesarias para proteger a las víctimas. Durante la cuarentena, las mismas colaboran también con el resto de las fiscalías de turno en la atención de los hechos cometidos en flagrancia, es decir, aquellos en los que las fuerzas de seguridad intervienen en el momento mismo en el que se está produciendo la agresión.

Una vez analizados los hechos y entrevistada la víctima, las y los fiscales gestionan las medidas necesarias para garantizar su vida y seguridad. Las más importantes son la exclusión del hogar del agresor, la prohibición de acercamiento, la entrega de botones antipánico o pulseras electrónicas, el establecimiento de consignas policiales, etc.

Con el mismo propósito, he decidido mantener activos los servicios de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo (OFAVyT). Se trata de un cuerpo de profesionales especializados en diversas disciplinas, que asisten y acompañan a las víctimas a lo largo de todo el proceso penal. Desde el 16 de marzo, la OFAVyT se ocupó del seguimiento de 670 casos en trámite e intervino en 537 casos nuevos de violencia de género. La Oficina, además, otorga ayudas económicas a aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.

En uno de los casos tratados de esta manera, por ejemplo, una denuncia por supuesta violación de la cuarentena puso de manifiesto conductas violentas del denunciado contra la denunciante. La actuación inmediata del MPF permitió que el agresor se retirara por sus propios medios del hogar compartido. La mujer y los niños permanecen allí, en permanente contacto con los equipos interdisciplinarios de la OFAVyT. En otro caso similar, se detuvo al agresor y se le ordenó el abandono inmediato del domicilio en el que convivía con la víctima y su hija. Luego, se dispuso el arresto domiciliario en otro inmueble.

Cuando asumí la conducción del MPF CABA, señalé que la lucha contra la violencia de género sería uno de los desafíos primordiales de mi gestión, teniendo en cuenta el impacto que esta problemática tiene en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de la Ciudad.

En los últimos meses, he adoptado una serie de medidas tendientes a optimizar los servicios que se prestan desde las fiscalías porteñas. Entre otras, puedo destacar la conformación de los Equipos Especializados para la intervención temprana en los casos de violencia de género, la creación de la Oficina de Planificación de Políticas de Géneros y Diversidades, la capacitación del personal en el marco de la Ley Micaela y el programa para el cuidado de los cuidadores, dirigido a fortalecer a los agentes que están en permanente contacto con estas situaciones traumáticas.

Tengo en claro que estas medidas no son suficientes, menos aún en el contexto que nos toca atravesar. Prevenir y erradicar la violencia de género exige el compromiso de la sociedad en su conjunto. Estoy convencido de que, con la colaboración de todos, podemos edificar una sociedad más justa, libre de violencias y discriminación.