RESCATAN 57 CANICHES HACINADOS EN UNA VIVIENDA DE FLORES QUE FUNCIONABA COMO CRIADERO ILEGAL

El caso se inició a partir de una investigación del Área de Fauna del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que en conjunto con la UFEMA lograron determinar que en ese lugar se llevaba adelante la actividad de criadero ilegal, por parte de 2 personas que viven allí.

Ante el posible maltrato animal y la falta de cuidado respecto de los seres sintientes, y luego de las tareas investigativas delegadas por la UFEMA, se pudo recabar las pruebas necesarias y acreditar la situación. El Fiscal Rolero solicitó la orden de allanamiento, que fue otorgada por la jueza Fernanda Botana, a cargo del Juzgado PCyF 5, con el objeto de hacer cesar la situación de riesgo de los animales y desarticular la grave situación provocada por el hacinamiento de los mismos. 

El procedimiento fue coordinado y realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, junto a personal de la División Conductas Contravencionales y de Faltas y la División Perros de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), y veterinarios de la Agencia de Protección Ambiental (APRA).

Durante el allanamiento, en el interior del inmueble se hallaron los 57 canes, que fueron inmediatamente analizados por los veterinarios participantes del procedimiento, quienes determinaron el flagrante maltrato animal sumado a numerosas deficiencias higiénicas y riesgos zoonóticos presentes en el lugar, recomendando su inmediato rescate y puesta a resguardo.

Por tal motivo, se labraron actuaciones por la situación, se dispuso el rescate de todos los animales -luego de escuchar el informe técnico de los veterinarios-, y se ordenó el secuestro de al menos 10 jaulas donde estaban hacinados los perros y otros elementos de relevancia para el avance de la investigación. Los seres sintientes fueron entregados a una ONG para su estabilización y cuidados previos. 

Además, se imputó a las 2 personas que viven en el lugar por actos de crueldad (Ley 14.346) y violar las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal (art. 206 del Código Penal).