DELITOS AMBIENTALES: CLAUSURAN Y ORDENAN RETIRAR MATERIALES ACOPIADOS DE DOS PREDIOS EN BARRACAS

Luego de la realización de una inspección integral, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del Dr. Carlos Rolero Santurian, dispuso la clausura de dos predios ubicados en el barrio de Barracas donde se acopiaban materiales tales como cartones, maderas, plásticos y papeles y que dado su volumen y distribución conforman un riesgo potencial para la seguridad del establecimiento y sus fincas linderas.

La causa se originó por una denuncia ante la UFEMA, por el funcionamiento de los predios ubicados en la Avenida Don Pedro de Mendoza al 3600, donde los materiales acopiados llegaban casi hasta el techo de los lugares, con las posibles consecuencias que ello implica para la seguridad y el medio ambiente. Ante tal circunstancia, el fiscal Rolero dispuso una inspección integral a los predios.

Los procedimientos se realizaron con intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Unidad Operativa de Fiscalización Integral (UOFI), y las Direcciones Generales de Fiscalización y Control (DGFYC), de Control Ambiental (DGCONTA), de Fiscalización Urbana, de Atención Inmediata (Programa Buenos Aires Presente), y de Limpieza (DGLIM) del GCBA.

En la inspección se logró verificar las condiciones de higiene y seguridad denunciadas, y se encontraron diversas irregularidades como cables expuestos y falta de seguridad en entrepisos y escaleras. Además, se determinó que los lugares ya contaban con clausuras previas vigentes.

Frente a estas circunstancias, sumado a que los predios carecían de medidas de seguridad para repeler cualquier contingencia riesgosa -potenciada por el propio acopio de materiales-, se dispuso la clausura judicial de los predios, además de la administrativa, para resguardo de los vecinos del lugar y las personas que se encontraban allí trabajando.

Además, la UFEMA prohibió cualquier actividad comercial, labró actas por violación de clausura y dispuso la implantación de una consigna policial permanente por 72 horas, plazo en que deberán retirar todos los materiales acopiados, a fines de detener la afectación al ambiente y la seguridad pública.