El Fiscal General a cargo del MPF CABA expuso sobre el nuevo régimen penal juvenil en la Universidad del Salvador

En una jornada dedicada al debate e intercambio para pensar los desafíos del régimen creado a partir de la Ley 27.801El evento fue organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. En el cierre de la jornada, el Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Martín López Zavaleta, disertó sobre los retos del nuevo Régimen Penal Juvenil. 

La recientemente promulgada Ley 27.801, que aún no entró en vigencia, establece la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fija un sistema de sanciones específico para quienes cometan delitos antes de cumplir los 18. A su vez, contempla medidas orientadas a la educación y resocialización de los jóvenes en conflicto con la ley penal.

La jornada que reunió a destacados referentes del ámbito judicial también contó con la participación de Bárbara Moramarco, Secretaria General de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que expuso sobre la articulación interinstitucional necesaria entre el Ministerio Público Fiscal y otros entes del Poder Judicial con las fuerzas de seguridad y los organismos de niñez. 

También participaron de las disertaciones la Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carolina Stanley; la Jueza Nacional en lo Penal, Criminal y Correccional y Consejera de la Magistratura de la Nación, Alejandra Provítola; la representante de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces de la CABA, Karina Chavez; la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, (USAL) Livia Uriol y el Director del Centro de Estudios Procesales la USAL, Ignacio Falke, entre otros.

En el cierre de la jornada, el Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Martín López Zavaleta planteó que la entrada en vigencia de la Ley 27.801, podría conllevar a un debate sobre la competencia de los delitos cometidos por menores de edad de 14 y 15 años en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. “La llamada Ley Cafiero, en uno de sus párrafos habla de que la justicia Nacional mantendrá su actual competencia. Estamos hablando de que entran en vigencia delitos para chicos de 14 y 15 años que no eran delitos al momento de la redacción de la Ley Cafiero. Entonces se puede interpretar que para todos los delitos cometidos por los menores de 14 y 15 años tendrá intervención la justicia de la Ciudad de Buenos Aires”.

Asimismo, López Zavaleta señaló que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional promovieron una baja de edad en la imputabilidad movilizados a partir de delitos violentos cometidos por menores de edad ocurridos en flagrancia como homicidios o delitos cometidos con armas de fuego. “Una vez que se hizo la modificación y se dejó sin efecto el artículo 4 de la ley nacional anterior, nos encontramos con un abanico totalmente diferente. Los delitos violentos por los cuales se motivó la norma son solamente la punta de un iceberg y abajo nos muestra un universo totalmente diferente y  nos abre hipótesis de conflicto a todo nivel porque vamos a intervenir en casos de menores de 14, 15, 16 y 17 años imputados por todos los delitos, incluso lo más lo más leves”.

En ese sentido, el Fiscal General citó un ejemplo en el ámbito escolar, en el que los conflictos se resuelven con un llamado a los padres o una sanción administrativa. Pero con la entrada en vigencia de la nueva ley, las autoridades escolares van a tener que dar intervención a la policía y luego el caso llegará al MPF que buscará resolver el conflicto de la manera más eficiente.

“El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad tiene diferentes herramientas de gestión para afrontar los nuevos desafíos. La implementación del Régimen Penal Juvenil va a ampliar la población punible y tendría un impacto significativo en los recursos, la organización y la estructura del MPF”, destacó López Zavaleta. Y aseguró que “estamos trabajando en un diseño de una nueva Unidad Fiscal Coordinadora con un fiscal especializado exclusivamente en esta problemática, que contará con Auxiliares fiscales que puedan colaborar con el fiscal para poder dar respuesta a lo que acontezca en la Ciudad de Buenos Aires. Esto potenciará y brindará los recursos a la Fiscalía para que pueda llevar adelante todo los casos.”