Se presentó el Protocolo de gestión de Responsabilidad Social de los Ministerios Públicos

La jornada contó con la presencia de las máximas autoridades de los tres Ministerios Públicos de la Ciudad: el Fiscal General a cargo, Martín López Zavaleta; la Asesora General Tutelar, Carolina Stanley; y la Defensora General, Marcela Millán. 

También participaron de la presentación Genoveva Ferrero, Presidenta de la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del Ministerio Público; Adrián Pérez, titular de la Dirección General de Planificación y Gestión de Calidad, ambos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad; el Secretario General de Relaciones Institucionales del Ministerio Público Fiscal, Aníbal Brunet, y Paola Laurenzano, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante la apertura, el Fiscal General a cargo, Martín López Zavaleta, destacó que la implementación de este protocolo responde a una convicción clara de mejorar la función pública con mayor coherencia y cercanía hacia la ciudadanía. Y subrayó: “La responsabilidad social, en el ámbito institucional, no es un concepto accesorio ni una formulación teórica. Representa la manera en que respondemos a una demanda concreta de la sociedad, incorporar de manera sistemática una mirada que contemple el impacto de nuestras decisiones en las personas, en las instituciones y en el entorno”. Asimismo, resaltó el trabajo impulsado por Genoveva Ferrero y Adrián Pérez, junto al acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

También estuvieron presentes en la presentación los Fiscales Generales Adjuntos Pablo Garcilazo, Martín Converset y Agustín Rubiero. Los Secretarios Generales Néstor Maragliano, Javier Alfonsín y los fiscales Genoveva Cardinali, Celsa Ramírez y Jorge Ponce.

Un sistema de gestión basado en estándares internacionales

El Fiscal General explicó que para la elaboración del protocolo se tomaron como referencia los lineamientos de la Norma ISO 26.000, adaptándolos a las particularidades de la función pública. Y resaltó: “Este protocolo no representa un punto de llegada, sino el inicio de un proceso de mejora continua. Un camino que nos permitirá seguir fortaleciendo nuestras instituciones y reafirmar, mediante hechos concretos, nuestro compromiso con la sociedad”.

El hecho de que los tres Ministerios Públicos, representados en la mesa por López Zavaleta, Stanley y Millán, asuman conjuntamente este compromiso refleja una mirada común sobre el rol de la justicia frente a la sociedad. Según se expuso, esta herramienta permitirá consolidar una cultura organizacional basada en valores y orientar la gestión hacia el desarrollo sostenible, reafirmando el compromiso con los derechos humanos, el cuidado del ambiente y las prácticas justas de operación.

Posteriormente, el Secretario General de Relaciones Institucionales del Ministerio Público Fiscal, Aníbal Brunet, profundizó sobre la ejecución operativa de este protocolo. Explicó que el proceso incluyó la formación de grupos de trabajo con referentes de todas las áreas relacionadas a los ocho procesos del protocolo, definiendo objetivos específicos y resultados esperados para cada trimestre.

En ese sentido, Brunet señaló que “la responsabilidad social de una organización se demuestra en el conjunto de acciones que, realizadas en el marco de un comportamiento ético y transparente, contribuyen, por ejemplo, al cuidado del ambiente, la equidad social y el interés por las necesidades y expectativas de las partes interesadas”.

Objetivos estratégicos

La política presentada se apoya en principios de gestión transparente e inclusiva. La implementación contempla un total de 16 objetivos generales que buscan afianzar las buenas prácticas de gobierno y reforzar el acceso a la justicia con cercanía territorial. 

Entre los compromisos asumidos, se encuentran la implementación de mejoras en el entorno laboral —como la adecuación de espacios, iluminación y creación de lactarios— y el fomento de una cultura ambiental mediante la reutilización de bienes y la eficiencia energética. 

En materia de transparencia, se incorporarán mecanismos para facilitar el acceso a la información y se promoverá el uso de lenguaje claro en las actas de denuncia para garantizar una mejor comprensión por parte de los ciudadanos.

El esquema de trabajo también contempla la identificación de partes interesadas, que abarcan desde la ciudadanía y el personal hasta los poderes del Estado, fuerzas de seguridad y el sector privado. 

El Secretario General de Relaciones Institucionales del Ministerio Público Fiscal detalló que se realizarán reuniones de seguimiento con cada área, permitiendo que el protocolo actúe como un nuevo marco para articular acciones con una mirada integral y transversal.