DICTAN CONDENA POR EL CASO DE LOS BARBIJOS TRUCHOS CON EL LOGO DEL CONICET ATOM PROTECT
El fiscal Carlos Rolero Santurián a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, logró la condena de dos años de prisión para 3 imputados responsables de la producción, distribución y comercialización de barbijos truchos con el logo del CONICET Atom Protect.
Mediante un juicio abreviado, en el que los imputados aceptaron la responsabilidad y reconocieron los hechos, se establecieron las penas de dos años de prisión en suspenso por los delitos de estafa, fraude a la administración pública y violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
La causa se había iniciado de oficio cuando el Dr. Rolero Santurián tomó conocimiento de la venta de barbijos truchos Atom Protect y llamó a declaración testimonial a la gerenta de la empresa fabricante de los barbijos del CONICET, que se constituyó como denunciante en la causa y aportó información respecto de los procedimientos de elaboración y distribución de los barbijos Atom Protect originales.
La investigación, que estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la División Delitos Informáticos Complejos y Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, pudo determinar, a través de tareas de campo y seguimientos en la Web, la existencia de una red dedicada a la fabricación, almacenamiento, distribución y venta de barbijos apócrifos de características visuales similares a los de la firma “ATOM PROTECT” con la leyenda trucha en el envoltorio “desarrollo conjunto Conicet”, pero que no contaban con las propiedades protectoras del barbijo original ni las medidas de seguridad exigidas por la ANMAT, como así tampoco con la autorización de dicho organismo.
En este contexto, el 3 de junio se realizaron 11 allanamientos simultáneos en Ciudad y Pcia. de Buenos Aires en los que se logró secuestrar más de 50.000 barbijos apócrifos, así como maquinaria y materia prima para su producción.
Además de los dos años de prisión en suspenso, los imputados deberán cumplir normas de conducta y responder a los requerimientos judiciales. La sentencia condenatoria fue dictada por el juez Carlos Aostri, titular del Juzgado PCyF 19.
La decisión judicial representa un precedente jurisprudencial novedoso porque afirma la competencia penal de la CABA en plenitud y además, un importante avance contra aquellas maniobras ilícitas que afectan en forma directa y en conjunto a la salud pública y el medio ambiente, potenciadas por la actual situación de crisis sanitaria, como expresamente lo sostuvo el fiscal, y lo ratificara el juez en los argumentos de su fallo.