Presentación del Fiscal General a cargo del MPF CABA en Audiencia Pública ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Muy buenos días señoras y señores legisladores, distinguidos invitados, colegas y amigos.

Es un honor estar hoy frente a este cuerpo en el ejercicio de una de las instancias más trascendentes que prevé nuestra Constitución: la del control político sobre la designación de quienes deben conducir las instituciones. Y es también una responsabilidad enorme venir a presentar mi candidatura para ejercer, en forma efectiva, el cargo de Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Junto con un breve repaso de mi camino hasta acá, me propongo hoy compartir con ustedes los seis ejes que compondrán la columna vertebral de mi gestión como Fiscal General de esta Ciudad. Como adelanto, quiero dejar claro que el objetivo que nos hemos trazado es el de construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales.

En cuanto a mi trayectoria,

1) Soy Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, con un Posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de Catalunya.

2) Ingresé al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en el año 1999.

3) Ya llevo 27 años de trayectoria en un Poder Judicial que tiene 28 años de existencia. En ese lapso recorrí casi todos los escalafones de la carrera judicial: fui escribiente, oficial, prosecretario administrativo, secretario de primera instancia y fiscal interino.

4) Hasta que, en el año 2013, accedí al cargo de fiscal de primera instancia, mediante concurso público y transitando el debido proceso constitucional ante el Consejo de la Magistratura y esta Honorable Legislatura. En ese rol cumplí funciones en distintas dependencias, como por ejemplo Fiscalía Especializada en Violencia Doméstica -ahora violencia de género- y en Delitos Informáticos.

5) Luego, fui nombrado Secretario General de Gestión y, desde diciembre de 2019, Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional.

6) Hoy, estoy interinamente a cargo de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

7) En lo académico, tengo una vasta carrera docente en el Instituto Superior de Seguridad Pública, que hoy dirijo, donde he sido profesor y luego coordinador de distintas de las materias de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública para cadetes de Oficial de Policía de la Ciudad.

8) Soy autor de diversas publicaciones jurídicas sobre violencia de género, drogas, delitos informáticos y seguridad pública, entre otras.

9) He sido también expositor en múltiples conferencias que, en honor a la brevedad, podrán encontrar detalladas en mi CV.

Pero, más allá de esta presentación formal de mis antecedentes, considero que después de tantos años de carrera, mi principal virtud siempre ha sido estar.

Estar presente en la fiscalía y en la gestión. Poner el cuerpo, escuchar, dedicarme, darle a cada tema y a cada persona la importancia y el tiempo que se merecen.

Una actitud frente a la vida que me permitió construir cercanía con los problemas de los vecinos, formar equipos de trabajo que son motivo de orgullo para mí y conocer en profundidad a mis pares hasta transformarlos en grandes amigos y compañeros.

Este recorrido es el que define la forma en la que entiendo el Ministerio Público Fiscal y la forma en la que entiendo la función pública. Formación, dedicación y trabajo.

Vengo, entonces, ante esta Honorable Legislatura, con una trayectoria que se construyó íntegramente dentro de las instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una trayectoria que empezó como empleado y que hoy, por la confianza de la autoridad que me ha propuesto, me coloca frente a la posibilidad de liderar, en forma efectiva, el Ministerio Público Fiscal de esta Ciudad.

Estos 27 años de carrera me enseñaron que no hay recompensa sin esfuerzo, ni mérito sin valores. Esos principios guiarán mi actuación en cada decisión que me toque tomar como Fiscal General.

Seguidamente, voy a desarrollar las seis líneas centrales de la gestión que me propongo llevar adelante y los proyectos que impulsaremos para aplicarlas.

Para esto es importante tener en cuenta que la intervención del Ministerio Público Fiscal no se limitará únicamente a los casos penales, sino que participará en todos los procesos. Así debemos mencionar a las Fiscalías en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, las Fiscalías en lo Laboral, y también la intervención en materia Civil y Comercial.

La primera prioridad será garantizar el acceso a la justicia real. El Ministerio Público Fiscal brinda un servicio a los ciudadanos y el acceso a la justicia es nuestro primer deber con la sociedad.

Toda persona que desee hacer una denuncia tiene que poder hacerlo con facilidad. Con facilidad real, no formal. Para esto, vamos a ampliar y diversificar los canales de acceso, eliminar obstáculos —idiomáticos, culturales o de accesibilidad— y mejorar la calidad de la experiencia de quienes se acercan a denunciar.

Al día de hoy, una persona puede formular denuncia por teléfono, por correo electrónico, a través de la página web del Organismo, mediante la aplicación oficial, o por el canal de inteligencia artificial.

Además, la atención presencial del Ministerio Público Fiscal se realiza en distintas sedes fijas —distribuidas territorialmente en la Ciudad— y también mediante dispositivos móviles.

Para dimensionar el alcance efectivo de nuestra red, en el año 2025 atendimos a casi 12.000 personas de forma presencial; y a más de 200.000 a través de canales electrónicos.

Estos datos son la prueba empírica de que la política de descentralización y diversificación da resultado. La justicia de la Ciudad llega hoy a más gente, por más medios y en condiciones más cercanas a su realidad cotidiana.

Mi objetivo, además, es que el primer contacto de las personas con el Ministerio Público sea no solo accesible, sino también el inicio de una respuesta institucional sólida.

Porque el acceso a la justicia es la condición de posibilidad de todo lo demás. Sin acceso real y sin trato digno, las herramientas más sofisticadas y las estructuras más especializadas pierden su razón de ser.

Luego de asegurar el real acceso a la justicia, es nuestro deber procurar una protección integral a las víctimas, segundo eje de mi gestión. La obligación de proteger a las víctimas por parte del órgano acusador no solamente tiene raigambre constitucional, sino que contamos con leyes específicas que lo reglamentan: la Ley Nacional 27.372 y la Ley Local 6115.

Por lo tanto, esto ya no es una declaración aspiracional, sino un estándar de actuación institucional: la víctima, como sujeto de derecho, y no como objeto de prueba.

Esa frase, que en otros ámbitos puede sonar como un eslogan, en este Organismo es una regla de trabajo.

Significa que la persona que se acerca al sistema de justicia no está allí solo para aportar elementos al expediente: está allí para encontrar respuesta a un problema que sufrió en su vida real. Significa que su rol en el proceso no se agota en la declaración testimonial. Y significa, sobre todo, que el éxito de una investigación no se mide únicamente por la sentencia que se obtiene, sino también por el tipo de trato y de respuesta que la víctima recibe.

Con estos valores como premisa, mi gestión profundizará el trabajo de este eje en tres dimensiones complementarias.

La primera dimensión es la centralidad de la víctima en el proceso. No se trata solamente de escucharla: se trata de escucharla activamente para entender cuál es, para ella, una solución posible del conflicto.

Esto no implica desatender el principio de objetividad que rige la función fiscal. Tenemos que saber mantener un sano equilibrio entre las expectativas y necesidades de las víctimas y el debido respeto a las garantías constitucionales de los acusados.

Pero que no queden dudas, la víctima es parte activa del proceso y no una mera fuente de evidencia.

La segunda dimensión es la ampliación y la mejora de la asistencia. El Ministerio Público Fiscal cuenta con una Secretaría especializada de asistencia a las víctimas. Dentro de sus funciones, se destaca el trabajo que realiza con los niños, niñas y adolescentes, mujeres en situación de violencia y adultos mayores. Contamos también con un Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID) que llega donde está la víctima cuando no puede trasladarse.

Solamente por citar un ejemplo, durante el año 2025 hemos asistido a más de 13.600 personas, en su mayoría víctimas y denunciantes, con una atención integral.

La tercera dimensión es la protección reforzada para las víctimas en situación de vulnerabilidad. Y acá quiero ser muy claro: no todas las víctimas llegan al sistema en condiciones equivalentes. Muchas de ellas requieren un abordaje específico, que reconozca sus características particulares y sus distintos tipos de vulnerabilidades.

Tratar con el mismo protocolo a todas las víctimas no es equidad. La equidad implica reconocer que las desigualdades de origen exigen respuestas diferenciadas.

La protección integral a las víctimas no es una política de imagen pública ni un capítulo aislado de la gestión: es la prueba más concreta de lo que un Ministerio Público Fiscal entiende por brindar un servicio de justicia.

Si la víctima sale del proceso con la sensación de no haber sido escuchada, de no haber sido acompañada o de no haber sido respetada, podemos discutir los indicadores que queramos, pero el sistema falló.

Una vez ampliado el espectro de personas que logran acceder al servicio de justicia, y protegidas las víctimas que así lo requieran, es nuestro deber brindar una solución rápida y eficiente. Por esta razón, el tercer eje de mi gestión será la eficiencia y celeridad en la respuesta al ciudadano.

Es el complemento natural de los dos ejes anteriores: de poco sirve garantizar el acceso a la justicia y la centralidad de la víctima si, una vez dentro del sistema, la respuesta institucional se demora más de lo razonable. 

El tiempo en materia de justicia determina la calidad del servicio. Si bien existen plazos legales que se deben cumplir, una respuesta tardía es siempre una respuesta deficiente.

Este tipo de enfoque en la gestión pública no es novedoso en este Ministerio. La Fiscalía General de la Ciudad cuenta con la certificación del cumplimiento de la norma IRAM – ISO 9001, en procesos de trabajo de dependencias tanto administrativas como jurisdiccionales.

Para lograrlo, iremos a fondo en tres aspectos: 

3.1. Reducción de tiempos de primer contacto

3.2. Celeridad en la resolución de casos, pero sin sacrificar la calidad de la decisión.

3.3. Optimización de procesos internos

El cuarto eje de mi gestión será el diseño de una política criminal que esté efectivamente al servicio de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La política criminal de un Ministerio Público Fiscal es la decisión cotidiana sobre qué se persigue, cómo se persigue y para qué se lo persigue. Decisiones que se toman día a día por nuestros fiscales y que impactan directa y materialmente en la vida de las personas.

Sobre esa base, mi gestión trabajará en tres dimensiones complementarias.

La primera es la especialización por materias. Y lo digo con la convicción de quien ha trabajado con este modelo en la primera instancia y en roles de gestión.

El Ministerio Público Fiscal cuenta hoy con una estructura conformada por fiscalías y unidades especializadas, que es uno de los principales activos de la institución.

Sin embargo, en atención al dinamismo propio de la sociedad y de la persecución penal, se realizarán evaluaciones periódicas sobre el esquema de especialización previsto para las fiscalías con la finalidad de disponer nuevas especializaciones, reemplazar otras o reasignar fiscalías al régimen de competencia general.

Porque la especialización no se diseña en abstracto. Se construye allí donde la realidad social demanda una respuesta diferenciada y sostenida en el tiempo.

La segunda dimensión de política criminal es la especialización por roles, complemento necesario de la especialización por materias. Cada momento del recorrido institucional de un caso exige un perfil profesional distinto, y el diseño del Ministerio Público Fiscal lo reconoce explícitamente.

En primer lugar, contamos con las Unidades de Flagrancia, que atienden la urgencia; y las Áreas de Intervención Temprana. Ellas son el primer eslabón institucional ante los hechos que ingresan en situación de detención e inmediatez con el delito; o por denuncia de particulares.

En segundo lugar, las fiscalías de primera instancia que asumen la representación de la víctima, la investigación y la litigación de los casos.

En tercer lugar, las fiscalías de Cámara, que fijan criterios, y dan previsibilidad a la actuación del cuerpo fiscal.

En cuarto lugar, la fiscalía de ejecución, que asume la representación del Ministerio Público en la última etapa del proceso. Si no dedicamos esfuerzo suficiente a la gestión de esta etapa, cualquier esquema de política criminal que podamos diseñar se vuelve abstracto.

Y, finalmente, las Fiscalías Generales Adjuntas, las que junto a la Fiscalía General ejercen la representación de cada fuero ante el Tribunal Superior de Justicia, garantizando una intervención técnicamente robusta.

Durante mi gestión, pondré en funcionamiento la figura del Fiscal Jefe, que tendrá por objeto intervenir en temáticas puntuales, de alta incidencia en la conflictividad diaria. Cada uno de ellos contará con funciones que le permitirán al Ministerio Público Fiscal lograr una actuación uniforme y bajo los estándares más altos de calidad en temáticas sensibles.

La tercera dimensión de la política criminal es la toma de decisiones basada en información objetiva. Y este punto tiene dos componentes que conviene distinguir.

El primer componente es la transparencia ante la ciudadanía. El Ministerio Público Fiscal maneja información que es de interés para toda la sociedad y debe rendir cuentas por su actividad.

El segundo componente es la unidad de actuación y la previsibilidad del Organismo. La autonomía funcional de cada fiscal convive con la necesidad de que el Ministerio Público Fiscal actúe con criterios uniformes en materias equivalentes.

Entonces, para la creación y el desarrollo de estos criterios nos basaremos en información objetiva, para que el grado de subjetividad de las decisiones a las que se arribe se reduzca a su mínima expresión.

Es importante destacar que serán los fiscales los encargados de llevar adelante los distintos ejes de gestión mencionados. Por ende, para que puedan brindar el mejor servicio de justicia posible, será otro de los ejes de gestión el otorgar más y mejores herramientas para los fiscales.

Este eje apunta a una convicción que considero trascendental: el valor de la primera instancia como primer contacto con la ciudadanía. Las diferentes oficinas jurisdiccionales son las que se vinculan de manera directa con los beneficiarios del servicio de justicia. Y, por tal razón, considero que deben contar con la mayor cantidad de recursos posibles para afrontar esta tarea.

Porque, en definitiva, la batalla más grande del Poder Judicial se pelea en la primera instancia.

La implementación de este lineamiento de mi gestión se logrará de cuatro maneras distintas:

La primera de ellas es la formación continua, que constituye tanto un derecho de todos los fiscales como un deber frente a la sociedad. El Ministerio Público garantizará programas especializados y actualizados como condición de calidad institucional.

La segunda forma de cumplimiento de este eje de gestión es la consolidación de los polos judiciales, edificios autosuficientes que concentran en un mismo lugar fiscalías, defensorías, juzgados, salas de audiencias, alcaidías y áreas de apoyo.

Porque el diseño físico de los espacios tiene consecuencias institucionales directas.

Por un lado, sobre la celeridad de los procesos. De esta manera se reducen drásticamente los tiempos inactivos. Evitar que los ciudadanos recorran varios sitios de la Ciudad entre una dependencia y otra es, también, una forma concreta de mejorar el servicio.

Por otro lado, sobre el rol de la víctima en el proceso. La estructura de fiscalías con espacios propios que estamos impulsando otorga un mayor grado de privacidad para la víctima. De esta manera, no solamente aumenta el grado de contención brindado, sino que se reduce el grado de revictimización al que están expuestas.

El Poder Judicial de la CABA cuenta hoy con dos polos judiciales en pleno funcionamiento, y otros dos en proceso de estudio para su desarrollo. Mi gestión ante la Fiscalía General asumirá como prioridad la expansión de este modelo de descentralización inteligente, en articulación con el Consejo de la Magistratura y con todas las áreas correspondientes.

Para todos estos objetivos, resulta fundamental la dotación de herramientas técnicas de investigación. Y acá es indispensable detenerse en un activo institucional que considero estratégico: el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

El CIJ es hoy un faro a nivel regional. No lo digo retóricamente: lo digo porque la realidad técnica y operativa del organismo permite afirmarlo, y porque lo vemos en cada investigación que el cuerpo realiza, no solo en la ciudad, sino también en diversas jurisdicciones del país.

Durante mi gestión, continuaré profundizando en las herramientas innovadoras a disposición de los fiscales, para mejorar y acelerar las investigaciones venideras. En este punto, quiero abordar específicamente un proyecto que considero estratégico para el futuro del trabajo investigativo en la Ciudad, y que podrá llevarse a cabo gracias al esfuerzo de esta Honorable Legislatura, en su actual composición. Me refiero a la creación del Registro de Perfiles Genéticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este registro colaborará con la investigación de todo delito cometido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y dependerá del Ministerio Público Fiscal.

Con la sanción de esta ley, la Legislatura ha dado un paso más hacia la consolidación de la autonomía de la Ciudad y en la búsqueda de la verdad en hechos graves y de alta complejidad.

La cuarta forma de cumplir con el eje vinculado a las herramientas para fiscales es, quizás, la que mayor capacidad transformadora tendrá sobre el trabajo del Ministerio Público: el desarrollo de herramientas tecnológicas y sistemas informáticos, utilizando inteligencia artificial.

La inteligencia artificial no es una herramienta más. Es la primera tecnología de propósito general, capaz de simular capacidades cognitivas. Esa magnitud de cambio nos obliga, como Organismo, a una doble actitud: comprenderla con profundidad y adoptarla con responsabilidad.

Hoy en día, estamos frente al desafío de la inteligencia artificial agéntica: agentes proactivos que reciben un objetivo, planifican acciones y ejecutan flujos de trabajo completos.

Es una herramienta útil y poderosa, pero acá quiero ser absolutamente categórico. La valoración de los hechos, la ponderación de la prueba y la protección de la víctima son funciones humanas, profesionales e indelegables. Sobre esta línea de demarcación, no habrá flexibilidad bajo mi gestión.

Pero no nos quedaremos quietos frente a lo que ya es una realidad inobjetable. No solamente profundizaremos las herramientas propias del Ministerio Público Fiscal: vamos a fomentar los espacios de trabajo que sean necesarios para lograr tener una solución de inteligencia artificial de todo el Poder Judicial. Esta materia exige convergencia institucional, no compartimentación. Y, desde la Fiscalía General, nos postularemos para liderar esa articulación.

Llego ahora al sexto y último eje de mi gestión: la finalización del proceso de autonomía de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo coloco deliberadamente al final porque es el eje que termina de dar sentido institucional a todos los anteriores.

Mejorar el acceso a la justicia, proteger a las víctimas, brindar respuestas eficientes y adecuadas al ciudadano, diseñar una correcta política criminal y dotar al cuerpo fiscal de herramientas: son todos objetivos valiosos en sí mismos.

Pero su real propósito se desvirtúa si no logramos la autonomía que la Constitución Nacional nos reconoce y que la Constitución local nos exige.

En este 2026, se celebran 30 años de la sanción de nuestra Constitución, que en su artículo 6° impone a las autoridades de la Ciudad, de manera expresa, permanente e irrenunciable, agotar todas las vías necesarias en pos de defender la autonomía que por derecho nos corresponde. Esa es una de las responsabilidades más importantes que mi gestión asume.

Quiero destacar que, cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de un mandato constitucional consolidado jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el Tribunal Superior de Justicia. Sobre esto no hay dudas.

Este Ministerio Público Fiscal no será parte del “inmovilismo” al cual hace referencia la Corte Suprema. Durante mi gestión, como lo hice al dictaminar como Fiscal General Adjunto, demostraré proactividad y acciones concretas para lograr el traspaso total de las competencias que nos pertenecen.

La primera tarea pendiente es la finalización del traspaso de competencias del fuero Criminal y Correccional ordinario. Hoy, en pleno año 2026, la Ciudad sigue conviviendo con una arquitectura institucional anómala: una parte sustancial de los delitos ordinarios cometidos en su territorio se investiga y se juzga en tribunales que no integran su Poder Judicial.

El Ministerio Público Fiscal demostró, en los traspasos parciales ya consumados, capacidad institucional plena para asumir nuevas competencias. Y lo volveremos a hacer.

Si bien hace poco más de un mes dimos un gran paso al firmar dos nuevos convenios de transferencia de competencias, aún queda mucho camino por recorrer.

Párrafo aparte quiero dejar para el juicio por jurados en el ámbito de la Ciudad.

El juicio por jurados no es una opción de política criminal, es un mandato constitucional. Tanto la Constitución Nacional como la de la CABA lo consagran. Y, a través de la Ley 6451, el Poder Legislativo local lo reguló.

La finalización del proceso de autonomía nos llevará indefectiblemente a realizar este tipo de juicios con participación ciudadana directa.

La segunda tarea es el traspaso del fuero Laboral. Y en este punto quiero ser preciso. Ya estamos formando el fuero y tenemos concursos públicos en trámite para el nombramiento de magistrados. No estoy hablando de una agenda hipotética, sino de un proceso institucional en curso que es posible gracias a la actual composición de esta Legislatura.

La tercera tarea es el traspaso de los fueros Civil y Comercial. Se trata de dos materias que afectan directamente a las familias y a la vida cotidiana de cientos de miles de ciudadanos. Su tramitación bajo la órbita del Poder Judicial local -con la cercanía territorial, y la articulación con las áreas de asistencia ya desarrolladas-  constituirá una mejora sustantiva del servicio.

Y permítanme formularlo con las palabras precisas. No estamos pidiendo una nueva facultad: estamos reclamando la autonomía que constitucionalmente nos corresponde.

Hasta aquí, desarrollé las seis líneas centrales de la gestión que me propongo llevar adelante. Pero el dinamismo propio de la sociedad obliga a reevaluar constantemente los objetivos que nos proponemos. Algunas de las problemáticas que hoy ocupan la agenda —como ciberdelitos, apuestas ilegales o el uso criminal de la inteligencia artificial— eran marginales hace menos de una década. Por eso, la gestión debe ser firme en sus valores, pero flexible en sus instrumentos.

La conducción de la Fiscalía General se ejercerá en permanente contacto con la primera instancia, que es nuestro vínculo directo con la ciudadanía. Con ellos, trabajaremos en equipo para identificar tempranamente situaciones que ameriten ajustes en la gestión.

Quiero que, cuando un ciudadano nos busque, nos encuentre. Y que cuando nos encuentre, reciba una respuesta técnicamente sólida. Pero más importante aún, que reciba una respuesta humana.

Los conflictos que nos aquejan pueden cambiar. Pero los valores fundamentales que rigen la búsqueda de soluciones son inquebrantables. La Fiscalía General de la Ciudad será gestionada con transparencia, vocación por el servicio público y un respeto irrestricto por las garantías del proceso.

Señoras y señores legisladores: agradezco la atención con la que me han escuchado, y la responsabilidad institucional con la que esta Honorable Legislatura evaluará la propuesta que hoy se somete a su consideración.

Antes de despedirme, quiero decirles que el hecho de encontrarme aquí presente es el resultado de una construcción conjunta, de muchos años de trabajo y dedicación.

Una construcción en equipo, con mis pares y los diferentes grupos de trabajo que han compartido mi camino profesional, quienes siempre pusieron su máximo esfuerzo para hacer, cada día, una mejor justicia de la Ciudad.

Mi presencia en este estrado significa más que una propuesta para cumplir el rol de Fiscal General. Es también una posibilidad que se le da a todos los que forman parte del sistema de justicia.

Una posibilidad de que, por primera vez, alguien formado íntegramente en la justicia de la Ciudad pueda liderar al Ministerio Público Fiscal. Sin el apoyo de mis colegas, muchos de ellos grandes amigos, de mi equipo y, sobre todo, de mi familia, mi esposa, mis hijas y mis padres, nada de esto sería hoy posible.

Muchas gracias.