Fundamentos y Desafíos del proceso de Implementación de la Política Criminal

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad organizó el pasado 22 de noviembre la “Jornada de Política Criminal: Fundamentos y Desafíos del Proceso de Implementación”. En el encuentro se realizaron diversos paneles que abordaron los programas y proyectos de política criminal del MPF CABA.

En el primer panel se presentaron los proyectos de “Justicia Procedimental en la Suspensión del Proceso a Prueba” (Res. FG.  N° 87/2022) y de “Notificación de medidas cautelares o restrictivas en casos prioritarios de Violencia de Género” (Res FG N° 24/2022).

Dichas iniciativas fueron impulsadas por la Secretaría General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima en base a las herramientas que provee la Teoría de la Justicia Procedimental y que busca mejorar los índices de cumplimiento del derecho al elevar la percepción de legitimidad que las personas ciudadanas se forman de las autoridades y de las leyes, luego de su interacción con los funcionarios del sistema de justicia en general y del MPF en particular.

En la presentación sobre Justicia Procedimental en la Suspensión del Proceso a Prueba expusieron el Dr. Luis Arnaudo, a cargo Fiscalía PCyF N° 26 y el Dr. Hernán Biglino, a cargo de la Fiscalía PCyF N° 39, en representación de todos los fiscales que participaron del primer proyecto , en el que intervino también la Dra. Andrea Scanga de la Fiscalía PCyF N° 13 y el Dr. Matías de Sanctis de la Fiscalía PCyF N° 7.

En su disertación, los fiscales Arnaudo y Biglino dieron precisiones sobre los fundamentos teóricos del proyecto y el recorrido para la implementación. Finalmente, destacaron entre los resultados que los niveles de cumplimiento habían alcanzado un 92%, en comparación al 58% que registraron los casos tramitados conforme al procedimiento habitual.

Seguidamente, se realizó la presentación de la Notificación de medidas cautelares o restrictivas en casos prioritarios de Violencia de Género que estuvo a cargo del Dr. Cristian Longobardi, fiscal coordinador del Equipo Especializado en Violencia de Género Sur y la Dra. María Inés Carena, auxiliar fiscal integrante de ese Equipo Especializado. En dicho proyecto, participaron también la Dra. Gabriela Morelli y la Dra María de las Mercedes Yacobucci (fiscal coordinadora y auxiliar fiscal del Equipo Especializado en Violencia de Género Norte), la Dra. Genoveva Cardinalli y la Dra. Gloria Ruiz Moreno (fiscal coordinadora y auxiliar fiscal del Equipo Especializado en Violencia de Género Sur) y el Dr. Mario Gustavo Galante y la Dra. Josefina Di Vicenzo (fiscal coordinador y auxiliar fiscal del Equipo Especializado en Violencia de Género Sur)

En su exposición, Cristian Longobardi y María Inés Carena detallaron la modalidad de las audiencias implementadas para la notificación a las personas imputadas y el impacto del programa. En particular, resaltaron que las víctimas de los casos que se trabajaron en el marco de la iniciativa reportaran incumplimientos de las medidas de protección en tan solo un 5,8% de los casos, respecto del 18,8% de las restricciones que no fueron notificadas de acuerdo a dicho protocolo.

Luego, se realizó el panel sobre Persecución penal estratégica; nuevos enfoques y se presentaron tres programas que está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal. Sus principales características radican en tratarse de proyectos que implican investigaciones complejas, con base en la teoría de disuasión focalizada y con un despliegue y conocimiento territorial amplio y profundo de los magistrados, resultante de las propias investigaciones y de su presencia en el territorio.

En primer lugar, tomó la palabra la Dra. Cecilia Amil Martin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) y repasó los lineamientos generales de la creación y funcionamiento de la UFEIDE para luego interiorizarse en la implementación del programa Intervención en el Mercado de Drogas (IMD) que ya fue aplicado en dos ocasiones, primero en el Barrio 15 y luego en en el barrio de Constitución.

El IMD es un programa originalmente aplicado en los Estados Unidos que, en base a la teoría de la disuasión focalizada, busca impactar de lleno en mercados abiertos de drogas. Para su éxito, implica un trabajo minucioso de investigación en el territorio, con un conocimiento pormenorizado del mercado de drogas, y una coordinación interagencial con otros organismos (policía, desarrollo humano).

Está estructurado en 3 fases y, entre sus objetivos, busca impactar rápidamente persiguiendo penalmente a los delincuentes más peligrosos o dañinos y buscando salidas alternativas para los noveles o eslabones fungibles de la cadena criminal.

En ese sentido, la fiscal Cecilia Amil comentó todos los pasos que se llevaron adelante para implementar el IMD, los ajustes normativos y procesales necesarios, así como los resultados obtenidos.

A su turno, intervino el Dr. Rodrigo Pagano Mata, titular de la Fiscalía PCyF N° 24, especializada en delitos vinculados con el aprovisionamiento de armas de fuego. El fiscal explicó los alcances de la especialización dispuesta por la Resolución FG 54/2022, por la cual su equipo lleva adelante investigaciones complejas, con la implementación de técnicas especiales de investigación, la utilización de rastreadores satelitales y de intervenciones telefónicas, tarea que lleva adelante con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

Asimismo, Pagano Mata  hizo foco en la importancia de coordinar el trabajo conjunto con las Fiscalías PCyF para cumplir con los objetivos propuestos por la mentada resolución, en todo lo relativo a la remisión de causas penales donde se puedan iniciar investigaciones por suministro de armas de fuego. En ese sentido, puso como ejemplo la coordinación permanente que vienen realizando con la UFEIDE.

Además, el fiscal expuso sobre la implementación del proyecto que viene llevando a cabo su equipo en diversas investigaciones complejas en barrios vulnerables, sus resultados y los desafíos que se deben enfrentar para continuar profundizando la labor.

Seguidamente, habló el Dr. Paulo Gaspani, titular de la fiscalía PCyF N° 14 y quien tiene a cargo la implementación del programa Integración barrial con la Justicia –IBJ- que se está llevando a cabo como prueba piloto en el barrio Rodrigo Bueno de la Ciudad.

En ese orden, el Dr. Gaspani detalló los conceptos generales del programa, que tiene base en programas de Community prosecution implementados en los Estados Unidos y que implican una presencia territorial permanente del MPF, a través del Dr. Gaspani o el auxiliar fiscal Mariano Camblong, para generar un vínculo de confianza con los vecinos.

En su exposición, el Dr. Gaspani presentó los desafíos que se presentan a lo largo de la implementación del programa, donde se destaca el poco o nulo conocimiento del MPF y su rol institucional, y las distintas estrategias llevadas adelante para ir sorteándolos. Asimismo, destacó el trabajo articulado que llevan adelante con la Fiscalía de Cámara Este, a cargo del Dr. Unrein, y con las fiscalías especializadas de Género, a cargo del Dr. José Sylvie, de Armas y de narcocriminalidad.

Para cerrar, el fiscal hizo un repaso de los hitos alcanzados y de los objetivos trazados a futuro.

En el tercer panel de la jornada se presentaron dos proyectos vinculados a la aplicación de los principios de la Justicia Restaurativa en el proceso. En primer lugar, la Dra. Paula Raffa Pirra, Secretaria de la Fiscalía Especializada en materia Penal Juvenil, hizo referencia al programa que se diseñó para esa temática. En ese sentido, señaló que de acuerdo a un informe elaborado por la Secretaría de Política Criminal y Asistencia a la Víctima aproximadamente el 58% de los jóvenes que resultaron imputados en un caso ante la Justicia de la Ciudad incurrieron en otras conductas delictivas, que derivaron en distintas imputaciones en la jurisdicción local o Nacional.

Asimismo, destacó los buenos resultados que la implementación internacional de este tipo de abordaje ha tenido en casos de jóvenes en conflicto con la ley penal, y cómo su aplicación podría contribuir a bajar la tasa de reiterancia, interrumpir carreras criminales y aumentar el nivel de satisfacción de las víctimas e involucrados. Para finalizar, describió los aspectos fundamentales del Protocolo de implementación en el que se está trabajando junto con los distintos actores del sistema.

Por su parte, el Dr.  Marcos Cassani, Auxiliar Fiscal de la Unidad de Delitos, Contravenciones y faltas Específicas, relató la experiencia con la implementación de los paneles de víctimas para los supuestos de conducción vehicular bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

En esa línea, detalló como a través de la Resolución FG N° 107/2021 el MPF impulsó la asistencia a paneles de víctimas como pauta de conducta de la suspensión del proceso a prueba para contraventores cuya cantidad de alcohol en sangre sea igual o superior a 1.5 g/l.  En ese contexto, enfatizó en el impacto que generaron en los infractores esos encuentros en los que familiares de víctimas describen cómo sus vidas fueron afectadas por el siniestro vial.

En particular, Cassani resaltó que a más de un año del inicio del proyecto pudo corroborarse que la asistencia a los paneles ha contribuido efectivamente a concientizar sobre los riesgos de conducir bajo los efectos de alcohol o estupefacientes, como también que ninguno de los 267 participantes ha sido imputado nuevamente por una infracción similar.

En la jornada, también se abordó el proyecto de “Unidades de Flagrancia”,  en el panel expusieron los fiscales coordinadores, Dr.  Aníbal Brunet y el Dr. Federico Tropea, que se desempeñan como responsables de las Unidades de Flagrancia Sur y Este respectivamente.

Durante sus exposiciones, los fiscales hicieron hincapié en el desafío que significó la implementación del ambicioso proyecto, que requirió de una planificación integral dirigida al diseño de una nueva metodología de trabajo, a la selección y capacitación de los recursos humanos y a la búsqueda de las herramientas necesarias para su correcto funcionamiento, tanto en el aspecto tecnológico como en la infraestructura.

Asimismo, la inserción de las Unidades de Flagrancia dentro del flujo de trabajo -como área especializada en razón de una etapa del proceso- exigió además un gran esfuerzo de cooperación y coordinación con las distintas dependencias que conforman este Ministerio Público Fiscal, que garantizaron el éxito del proyecto.

A más de 2 años de su implementación, la iniciativa -que es llevada adelante también por el Dr. Néstor Maragliano (Unidad de Flagrancia Oeste) y el Dr. Norberto Brotto (Unidad de Flagrancia Norte), junto a un total de 24 auxiliares fiscales- ha obtenido resultados ampliamente satisfactorios. Ello se evidencia no sólo en el abordaje diferenciado de los casos en flagrancia y el eficaz tratamiento de los detenidos que muestran sus estadísticas, sino también en la consecuente descongestión de la carga de trabajo de las Fiscalías de Primera Instancia y la posibilidad de generar, a partir de ello, otras políticas institucionales que se traduzcan en el mejoramiento del servicio de justicia.

Por último, se realizó el panel destinado a presentar el trabajo realizado en materia de violencia de género. Expusieron la Dra. Claudia Barcia y el Dr. Adrián Dávila, fiscales especializados en la materia. En su presentación destacaron la continuidad de la política institucional y, en particular, los nuevos lineamientos dados a partir de la Resolución FG N° 65/2021, que en lo sustancial exige a quienes abordan estas situaciones hacerlo desde una perspectiva integral y no estandarizada, con especial énfasis en la mirada interdisciplinaria y el abordaje personalizado de las personas victimizadas en instancias en que las/los Fiscales toman decisiones.

En especial, se destacaron los avances que la institución ha hecho en cuanto a la protección de las personas víctimas; el aumento en el número de decisiones de calidad, en razón de la política de priorización de los casos más graves. También se remarcó el alto número de audiencias en las que participaron las/os Fiscales Especializados. La oportunidad permitió plantear la importancia de continuar con las políticas de capacitación en estos temas y desarrollar nuevos protocolos para optimizar aún más el trabajo cotidiano de quienes intervienen en estos casos.